¿España, Estado de derecho?

El mundo occidental de democracias consolidadas se parece mucho últimamente a uno de esos cuadros de perspectivas imposibles de Maurits Cornelis Escher. Uno no sabe si la escalera sube, baja, o desaparece detrás de una puerta que resulta que tampoco es una puerta. Es el mundo de los hechos alternativos donde nada es lo que parece, y a veces tampoco parece importar.

¿Debe la democracia y la justicia española ponerse en cuestión en mitad del proceso a los políticos independentistas para ajustarse al diapasón de las críticas que llegan, a veces desde dentro, pero muchas veces desde fuera? Ésta es la pregunta que me he hecho estos días. Y que intento responderme con estas líneas.

Me hacen pensar sobre todo dos críticas que he escuchado fuera de España con motivo de la prisión preventiva o la petición de penas que acaba de hacer la fiscalía. Me refiero al Presidente del parlamento flamenco, quien ha considerado que la democracia española no es digna de pertenecer a la UE -lo repitió en una entrevista que le hice hace sólo dos semanas a los micrófonos de Onda Cero- o lo dicho por el corresponsal en Bruselas de Liberation Jean Quatremer (@quatremer) en un tuit. Según él, pedir 25 años de cárcel por sólo “haber pedido la independencia de su región” (sic) no es la marca de un Estado democrático.

El Estado de derecho, fundado en la defensa de los derechos universales, es el pilar de las democracias occidentales. ¿De verdad la prisión preventiva prolongada de los encausados en el “procés” o la actuación de la fiscalía demuestran que no existe en España?

No hay duda de que a muchos fuera de España -en Bélgica donde vivo lo puedo percibir- les parece « exagerada » la prisión preventiva. Siempre he encontrado curioso que mis interlocutores en algún debate amistoso puedan hacer éste comentario en éste país, Bélgica, a pesar de que en su suelo hay 6 pruebas vivientes del riesgo de fuga que se intenta prevenir. Que está en el origen mismo de la prisión preventiva.
El mismo debate existe en España. Irónicamente, si el gobierno español pudiera elegir, preferiría que salieran inmediatamente de prisión. De hecho ya se han expresado en éste sentido varios ministros del gobierno Sánchez. Saben que ésta situación les convierte en « mártires » y dificulta la normalización política. Pero es sobre todo Carles Puigdemont, desde su « exilio » belga, quien ha exigido todos los días al ejecutivo de Madrid la « liberación » de los presos a cambio de no dejar caer el apoyo parlamentario que mantiene a Pedro Sánchez en el gobierno.

El hecho que muchos políticos intenten influir o reclamen directamente cambios al poder ejecutivo, y que sus intentos sobre cuestiones que atañen al poder judicial obtengan el apoyo entusiasta de tantos que reclaman independencia a los jueces demuestra que los hechos alternativos se imponen poco a poco en democracias consolidadas.
Lo mismo ocurre con la petición de penas de la Fiscalía. Hasta el último minuto el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no se considere el delito de Rebelión. Y de hecho ha ordenado a la abogacía del Estado que no lo haga. En este sentido, las declaraciones de algunos ministros e incluso del Presidente del gobierno han rallado con la obscenidad democrática, si me permiten la expresión. No eran muy edificantes. Y sin embargo la fiscalía ha demostrado que puede actuar al margen del poder ejecutivo. ¿No es una prueba de que en España existe la separación de poderes?

La Constitución española de 1978 -aprobada en referéndum por el 88,54% de los votos, más del 90% en Cataluña- establece una democracia parlamentaria que la organización  « Freedom House » califica como democracia plena, con las máximas calificaciones en materia de libertades, derechos políticos y civiles. También el Democracy Index de The Economist califica a España entre las 20 primeras democracias del mundo puntuando más o menos como Bélgica o Francia, incluso un poco por encima.

Uno de los argumentos aparentemente irrefutables para criticar la baja calidad de la democracia española es el rechazo de la justicia alemana a entregar a Puigdemont para ser juzgado por Rebelión. Sin duda, fue un revés importante para los jueces españoles. Pero conviene leer detenidamente el auto de los jueces de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein. Aunque considera que no hubo suficiente violencia para hablar de rebelión, da por demostrado que si hubo violencia y responsabiliza de ella a Puigdemont. El tribunal sostuvo también que “no hay motivos aparentes para creer que Carles Puigdemont vaya a correr el riesgo de persecución política” si es entregado a España.

Los hechos existen, pero se ignoran. España aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población en sentencias en las que se declaran violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el período 2013-2017. De nuevo, la ratio de condenas a España es inferior a la belga.

No todas las democracias reconocen con hechos su pluralidad cultural. España si. Ha firmado la Carta europea de lenguas minoritarias del Consejo de europa, Bélgica no. Francia tampoco. España es un estado autonómico muy descentralizado de carácter federal, donde las regiones deciden (como en Belgica y Alemania por ejemplo, pero no en Francia) sobre la educación, cultura, prensa, televisión, trasporte público,… incluso Cataluña tiene su propia policía, conocida como Mossos d’Esquadra, 17.000 hombres armados con amplias competencias en su territorio, donde raramente verán ustedes un policía nacional o Guardia Civil. Esto es posible porque la descentralización se basa en la « lealtad » al orden constitucional y la confianza.

Es un hecho que decir que los líderes nacionalistas catalanes van a ser juzgados por sus opiniones es tan simplista como propagandísticamente eficaz en ciertos ambientes, incluso en el extranjero donde me encuentro. Pero si analizamos los hechos, es difícil negar que ha habido una declaración de independencia unilateral, que por su propia naturaleza no puede ser constitucional. Hecho insólito en un país de la UE, que ha provocado situaciones a las que no estamos acostumbrados en nuestras democracias, como ver políticos presos. Personalmente preferiría que no tuviéramos que pasar por ésto. Que no hubiera Rebelión. Que no hubiera políticos presos. Que no tuviéramos el problema de ver cargos electos juzgados y posiblemente condenados -o no- por motivos que no son inocuos por mucho que se hayan podido cometer en nombre de los votos recibidos, que pueden ser graves, pero que innegablemente son delicados de discernir.

Pero como demócrata tengo que dejar a la Justicia actuar. Creo firmemente que una verdad judicial de lo que ha ocurrido es imprescindible. Luego ya veremos si hay condenas. O indultos. O recursos. España ha firmado casi todos los tratados internacionales que reconocen derechos y establecen obligaciones para los Estados. Quiero que los jueces se pronuncien sin mayores interferencias. Dentro y fuera de España. Porque creo en la Justicia española. No está de moda decirlo en alto, y sobre todo decirlo en alto te convierte en víctima automática de furibundos ataques plagados de insultos en las redes, pero no veo motivos para pensar lo contrario.

En sólo un año hemos comprobado como en España ha entrado en la cárcel el marido de una infanta (Iñaki Urdangarin) y un antiguo Vicepresidente del gobierno (Rodrigo Rato) cuyo partido gobernaba en ese momento. Precisamente la condena del caso Gürtel, que no beneficiaba en absoluto a Mariano Rajoy, fue el detonante de su caída como Presidente del gobierno y perjudicó enormemente al PP entonces a los mandos del poder ejecutivo. Estamos hablando del gobierno y de la monarquía. Los mayores poderes del Estado. Considero todo esto como indicios sólidos de la independencia judicial española.

El debate sobre la prisión preventiva, los recursos posteriores a una posible condena incluso en instancias internacionales, son normales y necesarios.
Jean Quatremer es un periodista siempre interesante cuyas opiniones cuentan. En el caso catalán creo que aún no ha captado la imagen completa, pero tiene todo el derecho, faltaba más, a opinar. Y yo a no compartir su opinión.
Jan Peumans es un hombre honesto que dice lo que piensa. Pero como Presidente de una institución belga oficial tiene el deber además de pensar mucho lo que dice. Al repetir varias veces que la democracia española no está a la altura de la UE, el gobierno español decidió reaccionar retirando el pasaporte diplomático de André Hebbelick, representante del gobierno de Flandes en Madrid (Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Madrid). Pero al no impedirle ejercer sus funciones, el ministro de exteriores, el catalán Josep Borell, quiso -es la impresión que tengo- plantear su acción como un aviso leve, aunque llamativo, de que al gobierno español no le es indiferente lo que diga un cargo oficial importante de un país socio, amigo y aliado.
Parece haber surtido efecto. Al menos de momento. Peumans no se ha vuelto a pronunciar tras la petición de penas de la fiscalía. El gobierno belga ha restringido el problema diplomático a Flandes, no entre gobiernos. Y el Presidente flamenco, Geert Bourgeois, que se reunió a los dos días en Bruselas con el Consejero de acción exterior catalán Ernest Maragall, no quiso comparecer posteriormente con él en rueda de prensa cuando era una ocasión ideal para escenificar conjuntamente su rechazo al “ataque” español. Aún así, estoy convencido de que éste asunto volverá un día u otro.

Sin emabrgo, como decía al principio, el mundo es ya un lugar de pasadizos imposibles como señalan los cuadros de Maurits Cornelis Escher. Un representante de una región que nunca ha sido interlocutor del estado español (el interlocutor es el embajador belga), se ve de pronto legitimado como tal. Geert Bourgeois ha visto valorada su diplomacia paralela como nunca hubiera podido soñar. Los alternative facts pueden hacerse realidad.

La realidad se ha vuelto convexa. Es un bosque de espejos. Hay un mundo virtual lleno de insultos y mundos paralelos donde cada uno grita lo que quiere como si condujera vociferando con la ventanilla subida.

¿Quién ganará? ¿El Estado de derecho alternativo o el real?

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